Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, manifestó que del total de nuevos créditos, el 42% se destinó para la compra de viviendas nuevas con precios entre 75.000 y 112.000 dólares; el 41% para comprar inmuebles de un precio menor y hasta 75.000 dólares; mientras el 17% fue para casas cuyos precios están por encima de 112.000 y hasta 136.000 dólares.
Pero según una reciente investigación realizada por Romero, “las personas con ingresos por debajo de Bs. 5.000 sólo podrán acceder a montos de crédito menores o hasta alrededor de USD 35.000 y, por tanto, aspirar a comprar una vivienda de esos precios. En otras palabras, solo las personas o unidades familiares cuyos ingresos mensuales son mayores a Bs. 9.000 ó 10.000 pueden acceder a viviendas de USD 70.000, USD 80.000 o más”.
De acuerdo con declaraciones del Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, al periódico La Razón en abril, el 88% de la gente que trabaja y aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) percibe un salario inferior a Bs. 5.000. Esta gente es la que no podría acceder a viviendas con precios superiores a los 35 mil dólares, según Romero.
El problema es que los precios de las viviendas en el país resultan privativos para este mayoritario segmento de la población. Tanto el expresidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Rolando Schrupp, como el presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, Franklin Pérez, coincidieron en señalar que el precio de las viviendas no suele bajar de los 80 mil dólares en el eje central.
El propio viceministro Guillén ha reconocido que al menos en La Paz y Cochabamba, por la falta de espacio, los precios de las casas están elevados, lo que evita que las personas con menores ingresos puedan lograr un préstamo que cubra el monto de la vivienda que elijan.
En tanto, el vicepresidente nacional de negocios del Banco BISA, Jorge Velasco, también hizo notar que las propiedades se encarecieron y que ya es tiempo de que los empresarios de la construcción no solo piensen en viviendas o departamentos en zonas exclusivas, sino que tomen en cuenta al segmento de población de ingresos medios, quienes “apuestan a comprar su vivienda”.
Sin embargo, éste no es sólo un problema de los empresarios constructores. Pérez ha señalado que es el crecimiento desordenado de las ciudades está generando un aumento del precio de la tierra y de las viviendas, por lo que resulta urgente que las autoridades locales trabajen junto con los constructores para definir cómo y hacia dónde deben crecer las ciudades.
¿A cuánto crédito puedo acceder con mi ingreso?
“Se puede advertir que un mayor ingreso personal o de la unidad familiar posibilita montos mayores de crédito”, manifiesta Romero.
Según las estimaciones hechas por el economista del IESE-UMSS, en base a datos proporcionados por funcionarios del Banco Unión y del Banco Nacional de Bolivia, “para cada USD 10.000 de crédito el cliente (prestatario último) debe respaldar un ingreso personal o de la unidad familiar (por ejemplo del esposo más de la esposa y/o de algún miembro de la familia que trabaja) de Bs. 1.330 (ingreso líquido o disponible)”.
En el caso que estuviese pagando alquileres, el ingreso mensual requerido disminuiría a Bs. 1.200 para cada USD 10.000 de crédito.
De ahí que los cálculos de Romero indican que para segmentos de población con ingresos menores a Bs. 5.000, el acceso a una vivienda de interés social se vuelve “casi prohibitivo o inalcanzable, considerando los precios de las propiedades que predominan en el mercado inmobiliario y que el 59% del crédito se haya destinado a la compra de casas por montos superiores a USD 75.000”.
Vivienda social: ¿estado o mercado?
El investigador del IESE-UMSS plantea la duda de si el déficit habitacional de la población con ingresos bajos puede realmente ser solucionado a través del mercado (crédito de vivienda de interés social).
¿Puede el sistema financiero, que se desempeña dentro una lógica de obtención de utilidades, solucionar este problema social? O, por el contrario, ¿hay la necesidad de solucionar el problema habitacional por medio del Estado, considerando el rol que éste debe jugar en el logro de la equidad social?
Romero es partidario de que el Estado asuma un rol mucho más protagónico: “Por ejemplo, hay necesidad de ampliar el Programa de Vivienda Social (dirigido a la población que vive en condiciones precarias en el área rural y urbana), que se ejecuta a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), ya sea bajo la modalidad subsidio (el Estado paga el 100%) o crédito (el beneficiario paga 40% y el Estado el 60%)”.
“Otras iniciativas estatales, como el programa Comunidades Urbanas, que también es encarado por la AEVivienda, deberían concretizarse, considerando que se trata de la construcción de departamentos económicos, cuyos precios oscilarían entre USD 25.000 y USD 50.000, el que contaría ya con un presupuesto de Bs. 960 millones”, finaliza el investigador.
El País
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