Quispe dio a conocer que los apoderados de las viviendas no habrían cancelado la suma de $us 300 por lotes y menos concluido con la construcción de sus viviendas o la ampliación de las mismas, pero cuando no tenían los recursos para devolver los terrenos habrían ingresado en un presunto acuerdo con Emilio Dorado, Enrique Huanca, Marina Marca y Santiago Hidalgo, para inscribir en Derechos Reales supuestos testimonios.
Mientras que el otro grupo de propietarios, al momento de denunciar una supuesta suplantación, habría iniciado un proceso penal que concluyó en sentencia ejecutoriada donde Juan Bosco C. P. le dan sentencia de 10 años de cárcel, Guillermo M. P. con tres años y seis meses en la cárcel.
Un segundo proceso se inició en materia civil con la finalidad de retirar a 116 personas que realizaron la inscripción Nº 477, además de la escritura 220/2010 en Derechos Reales.
“Una vez anulado buscamos inscribir a los 450 vecinos de la zona, pero nos dieron a conocer por parte del registrador, iniciar un proceso para anular a los 116 inscritos que eran los avasalladores, con el Nº 085/2015, aspecto que ha generado el malestar de los implicados quienes desde el 19 de marzo efectúan una serie de hechos irregulares en contra de los legítimos propietarios, generando hechos delictivos como tentativa de homicidio en contra de los dueños de lotes”, explicó Quispe.
Según el relato, la invasión de tierras de las 116 personas ahora es realizada con otros loteadores de los sectores de Cristal, Unificada y Virgen del Rosario, quienes el pasado fin de semana afectaron a 30 personas y derrumbaron 45 viviendas del sector.
Los propietarios presentaron un segundo proceso a las personas implicadas en el avasallamiento bajo los cargos penales de robo agravado, asociación delictuosa, tentativa de homicidio, entre otros, luego de presentar los informes de médico forense de las 30 personas afectadas además de formalizar las denuncias al Ministerio de Gobierno ante la inacción de funcionarios policiales quienes al no tener efectivos policiales, equipamiento y otros elementos logísticos no habrían logrado realizar la detención de los implicados en los enfrentamientos durante el fin de semana.
PROCESOS
Por su parte, el representante de la urbanización, Silvestre Susaño, dio a conocer una supuesta negligencia de funcionarios públicos, como el fiscal Horacio Yugar, quien pese a estar de turno el fin de semana, no habría prestado debida atención a los vecinos de la zona cuando fueron víctimas de estos hechos de violencia.
“Este fiscal no estaba en su lugar de trabajo, asimismo, la secretaria Virginia Bautista tampoco solicitó el requerimiento al Comando Regional para el resguardo de los vecinos, pero prefirieron no prestar atención a los afectados. En cuando al médico forense se redujo el tiempo de impedimento de las personas que fueron víctimas de la agresión, pese a las pruebas presentadas”, explicó Susaño.
El Diario
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