La Policía, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un extranjero y dos ciudadanas bolivianas acusadas de liderar una banda que cometía estafas ofreciendo viviendas sociales a cambio de montos económicos, informó ayer la Agencia Estatal de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Mediante un comunicado, la Agencia Estatal de Vivienda explicó que ante las constantes denuncias de personas particulares y organizaciones sociales sobre supuestas ofertas de vivienda social que incluían pagos económicos que oscilaban entre 40 y 800 bolivianos, el Ministerio de Obras Públicas se instruyó al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo tomar las acciones legales pertinentes, bajo el principio de cero tolerancia a la corrupción. En ese sentido, la Agencia Estatal de Vivienda formalizó una querella penal ante el Ministerio Público contra tres ciudadanos y otros autores por la comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples tipificadas en el derecho penal boliviano.
Así, en base a las acciones efectuadas por parte de abogados de la Agencia Estatal de Vivienda, el jueves último, tras un seguimiento de muchos días, se logró aprehender al ciudadano extranjero Fazur Alberto Estrada y posteriormente a Magdalena Reina Quispe y Miriam Justo Canchari, de nacionalidad boliviana, quienes lideraban esos actos ilícitos “en desmedro de miles de ciudadanos, especialmente de zonas rurales”. El Ministerio de Obras Públicas instó a las personas afectadas por esas personas que, en su calidad de víctimas, presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Rechazó “categóricamente” esos actos de corrupción y recalcó que los proyectos de vivienda social se constituyen en una competencia del Estado en sus diferentes niveles, y no existe una conexión con empresas u Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para esa clase de proyectos.
ABI
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